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Miguel Cervantes Jiménez

La respuesta legislativa de España y la UE frente al COVID-19

El estallido de la pandemia del coronavirus se ha revelado como el acontecimiento más desafiante para el ser humano en las últimas décadas. Es necesario remontarse a la gripe de 1918 para hallar un contexto similar. El drama de aquella epidemia, que dejó 50 millones de muertos, parecía ya olvidado en la memoria colectiva del siglo XXI. Sin embargo, a finales de 2019 un nuevo tipo de coronavirus apareció en la ciudad china de Wuhan. Sin ser demasiado letal, sí era muy contagioso. Aunque China fue capaz de controlar la epidemia con el cierre total de la provincia de Hubei en enero de 2020, el virus comenzó a viajar rápidamente por un mundo que se encontraba ampliamente globalizado. Uno de sus primeros destinos fue la vecina Corea del Sur, que fue capaz de contenerlo mediante el testeo masivo   de la población y sin la necesidad de paralizar el país. 



A pesar de estas victorias, el virus pudo llegar al Viejo Continente y fijar su foco principal en España e Italia. El Gobierno español, pese a los claros indicios de que el virus empezaba a circular por el país, decidió permitir concentraciones masivas en el segundo fin de semana de marzo. Algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, tomaron medidas anticipadas y decidieron el cierre de escuelas y comercios. Sin embargo, ya era demasiado tarde y el Gobierno se vio obligado a recurrir al mecanismo constitucional del estado de alarma para controlar la epidemia. Dicho estado de alarma decretaba un confinamiento total de un país que, al ser muy dependiente del turismo y la hostelería, se ha sumido en una grave crisis económica. Aunque el Gobierno ha puesto en marcha toda una batería de medidas sociales y económicas, éstas no han impedido que las cifras de paro se disparen. Su falta de previsión sólo le ha dejado la posibilidad de afrontar la crisis del COVID-19 desde una estrategia del control de daños. Mientras, la Unión Europea retoma el sempiterno debate de mutualizar la deuda en tiempos de crisis, sólo que esta vez es imprescindible acordar algún mecanismo de solidaridad para evitar que el virus debilite la credibilidad del proyecto europeo. El cómo se responda a la epidemia desde España y el conjunto de las instituciones europeas definirá nuestra sociedad por los años venideros. De este modo, el objeto del presente informe es analizar la respuesta legislativa al COVID-19 en España y la Unión Europea y, a partir de dicho análisis, extraer una serie de lecciones que permitan contener la presente y futuras pandemias.